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Pere Navarro avisa: «Vamos a prohibir los avisos de controles de alcoholemia»

29/10/2024David Moreno

Recientemente, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha hecho declaraciones contundentes sobre la necesidad de prohibir los avisos de controles de alcoholemia en redes sociales y grupos de Whatsapp o Telegram. Durante el XIX Foro Contra la Violencia Vial, organizado por Stop Accidentes, Navarro expresó su preocupación por la creciente tendencia de informar sobre la ubicación de estos controles, señalando que este comportamiento «promueve la figura del listillo» que, a su juicio, pone en peligro la vida de otros usuarios de la carretera. ¿Afan recaudatorio o tolerancia 0 contra el alcohol?

La Propuesta de Navarro: Prohibir los Avisos de Controles de Alcoholemia

Pere Navarro argumenta en una entrevista para La Voz de Galicia que al alertar a los conductores sobre los controles de alcoholemia, «se está facilitando que aquellos que han bebido alcohol elijan rutas alternativas», lo que podría resultar en accidentes fatales.

Es una lógica válida, ya que un conductor que ha consumido alcohol y está advertido de un control es más propenso a eludirlo para evitar las consecuencias de la multa, pero prohibir este tipo de comunicados entre particulares es bastante ridículo y poco práctico.

«Con el alcohol tenemos un problema emergente, como es el aviso a través de Whatsapps y redes sociales de la ubicación de los controles que hace la Guardia Civil. Esto empezó en Galicia y se ha extendido a Levante y a otras zonas de España. dijo Pere Navarro, que se muestra preocupado por los avisos en estos grupos donde hasta 400 personas lanzan alertas sobre los controles de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales para informar de su actividad.

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Navarro comentó que este comportamiento, aunque puede parecer innovador, es un acto de «falta de solidaridad», ya que facilita que quienes han consumido alcohol estén al tanto de la ubicación de los controles y opten por tomar rutas alternativas. «Esto podría tener consecuencias graves, porque un conductor en esa situación podría causar un accidente», y añade: «se va a resolver» (aunque se está analizando el impacto jurídico ya que supone una merma del derecho fundamental a la libertad de expresión).

Destacó además que la Guardia Civil de Tráfico se ha visto obligada a ajustar su enfoque en los controles de alcohol y drogas para contrarrestar los avisos que circulan por los grupos de conductores en redes sociales. «Ahora, los controles son más ágiles y breves, realizándose en múltiples puntos a lo largo de una carretera y con una duración que generalmente no supera los veinte minutos», explicó.

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El director de la DGT avisa de que habrá mano dura. «Este año se llevarán a cabo 400,000 pruebas adicionales de alcoholemia en las carreteras españolas.» El objetivo de Pere Navarro es eliminar «la sensación de impunidad» y garantizar (o amedrentar) que todos los conductores comprendan que pueden ser detenidos para un control en cualquier momento.

Cambios Normativos en la Tasa de Alcoholemia

Es importante recordar que se anticipa un cambio normativo significativo en las regulaciones de alcoholemia para 2025, que podría intensificar aún más las sanciones, pues la tasa mínima pasará de 0,5 a 0,2 gramos por litro de sangre.

Una estrategia cuestionable

El hecho de que la DGT pretenda prohibir la difusión de información sobre controles sugiere un enfoque más represivo que preventivo. En lugar de abordar el problema de fondo, que es la conducción bajo los efectos del alcohol (y drogas), se está tratando de silenciar a quienes informan sobre los controles, que en muchos casos tienen afan puramente recaudatorio. Esto es especialmente problemático en un contexto donde la comunicación y la transparencia son esenciales para construir confianza entre las autoridades y los ciudadanos.

pere navarro controles de alcoholemia

Sin embargo, mientras el llamado a una tolerancia más restrictiva al alcohol en carretera está cada vez más asimilado por la sociedad, hay un matiz que no se puede ignorar: el afán recaudatorio de la administración, que se hace evidente cuando se examina la postura de la DGT.

Aunque la intención de reducir la siniestralidad es comprensible y en eso está todo el mundo de acuerdo, la percepción de que estas medidas están más centradas en generar ingresos a través de sanciones que en la seguridad vial es difícil de evitar.