El tradicional desfile navideño de motoristas ataviados como Papá Noel, conocido como la Papanoelada Motera, ha vuelto a recorrer las calles de Barcelona este 2024, pero lo que debería ser una celebración festiva y solidaria ha terminado una vez más empañada por las sanciones, la persecución política y el descontento de miles de motoristas. Bajo el mandato del socialista Jaume Collboni, el evento no sólo ha evidenciado una preocupante caza recaudatoria, sino también el incumplimiento de promesas electorales que apuntaban a proteger y fomentar el uso de la moto en la ciudad.
De la fiesta a la represión: 168 multas en una jornada
Más de 2.000 motoristas participaron el pasado domingo en una marcha que se inició en Plaza España, con parada en puntos emblemáticos como Plaza Cataluña y Arc de Triomf. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración, finalizó con 168 multas impuestas por la Guardia Urbana.
Según datos oficiales, 73 sanciones fueron por “forzar marchas” y provocar ruido —una característica más que inevitable en una concentración de estas dimensiones—, 72 por “no respetar marcas longitudinales” y 23 por circular por el carril bus. Multas que muchos participantes califican de ridículas y desproporcionadas, especialmente teniendo en cuenta la falta de alternativas viables para este colectivo.
La presión vecinal y ecologista volvió a hacerse notar este año, con entidades como Eixample Respira o Bicicleta Club de Catalunya organizando una tímida “tionada” para tratar de bloquear el recorrido. Aunque la protesta apenas logró afectar el evento, la presencia policial, solicitada por estos colectivos y reforzada por el Ayuntamiento, sí fue un factor determinante en el desenlace de la jornada.
Collboni y las promesas rotas: ¿dónde está el apoyo a la moto?
Lo ocurrido en esta Papanoelada evidencia una desconexión creciente entre el actual gobierno municipal y el colectivo de motoristas, a pesar de que Jaume Collboni, antes de asumir la alcaldía, se comprometió públicamente en abril de 2023 a proteger la moto como vehículo clave para la movilidad de Barcelona.
Entre sus promesas destacaban: ayudas económicas para la compra de motos eléctricas, evaluar el uso del carril bus para motos mediante una prueba piloto e incluir a los motoristas en los planes de movilidad urbanos.
A día de hoy, ninguna de estas promesas se ha materializado. Barcelona sigue sin planes específicos que impulsen la moto eléctrica, y lejos de facilitar la movilidad, los motoristas se enfrentan a una mayor persecución y penalización.
La multitud de sanciones en eventos como la Papanoelada no son un hecho aislado, sino una señal clara de una política que, en lugar de incentivar el uso de la moto, se apuesta por el castigo y la recaudación indecente.
La moto: una solución que se ignora
Con más de 350.000 motoristas en la ciudad, Barcelona se mantiene como la capital europea de las motos, un medio de transporte que contribuye significativamente a la reducción de emisiones y a la descongestión del tráfico.
Numerosos estudios han demostrado que las motos representan menos del 8% de las emisiones de CO₂ en la ciudad y ocupan mucho menos espacio que los automóviles. Aun así, la gestión municipal continúa tratando la moto como un problema en lugar de parte de la solución.
El resultado de esta postura se traduce en decisiones absurdas, como las restricciones al acceso de motos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o el déficit crónico de plazas de aparcamiento, un problema que sólo ha empeorado con las políticas urbanísticas actuales.
La Papanoelada Motera, que cada año reúne a miles de motoristas en una marcha solidaria, carece de un organizador formal, lo que supone un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento a la hora de gestionarla o prohibirla. Este vacío organizativo, que permite por otro lado que esta marcha se pueda celebrar, sirve para justificar desde el consistorio la persecución policial y las multas desmedidas que terminan por deslucir un evento festivo.
Mientras la Guardia Urbana y el ayuntamiento endurecen su postura, el colectivo motorista denuncia sentirse cada vez más discriminado y usado como chivo expiatorio en la batalla política que se libra en la ciudad entre los sectores más radicales del ecologismo urbano y los defensores de una movilidad basada en el sentido común.
